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Aula 24-7

La facultad para crear reglamentos del poder ejecutivo: Potestad reglamentaria

Son normas beneficiosas para regular el ordenamiento jurídico de las instituciones que forman parte del poder ejecutivo.

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Por Allison Benavides, Kevin Ruiz y Leiner Chévez

¿Qué es la Potestad Reglamentaria?

La potestad reglamentaria es la atribución constitucional otorgada a la Administración, que constituye el poder de contribuir a la formación del ordenamiento jurídico, mediante la creación de normas escritas (artículo 140, incisos 3 y 18 de la Constitución Política).

La particularidad del reglamento es precisamente el ser una norma secundaria y complementaria, a la vez, de la ley cuya esencia es su carácter soberano (únicamente limitada por la propia Constitución), en la creación del Derecho. Como bien lo resalta la más calificada doctrina del Derecho Administrativo, la sumisión del reglamento a la ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no querido por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la norma que se reglamenta.

En palabras más generales, la potestad reglamentaria es aquella que permite emitir válidamente reglamentos, además, comprende una función reglamentaria que forma parte de la función administrativa y asimismo subordinada al principio de legalidad.

¿Quién puede crear los reglamentos?

La potestad reglamentaria otorga la autoridad de crear normas jurídicas a la administración pública por medio de una función legislativa genérica, pero subordinadas a la Ley formal establecida por el Poder Legislativo.  Entiéndase el concepto de administración pública como el Estado que está conformado por la administración central, entre ellos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.

También a la administración descentralizada, con eso se refiere a los órganos con competencias determinadas que llevan a cabo las funciones del Estado, en este caso los ministerios, además de las instituciones autónomas, las semiautónomas, las municipalidades, las empresas públicas y los entes públicos no estatales.

¿Por qué el Poder Ejecutivo puede hacer reglamentos?

Corresponde al Poder Ejecutivo la función de administrar y ello conlleva la de organizar la administración pública y sus relaciones de servicio (artículo 140, inciso 8 y 18 de la Constitución Política) Dentro del ejercicio de sus competencias, el Ejecutivo puede dictar reglamentos de organización y de servicio, los que, por su naturaleza, están relacionados con la organización y estructura de los diversos oficios; todo ello con el fin de lograr el mejor cumplimiento del fin público asignado. Dentro de las potestades, el Poder Ejecutivo se encuentra la de dictar reglamentos, no solo aquellos que desarrollan la ley -inciso 3) del artículo 140 de la Carta Política-, sino también los referentes a las relaciones de servicio y su organización.

¿Cuáles son los reglamentos que puede hacer el Poder Ejecutivo?

El Poder Ejecutivo puede crear los siguientes reglamentos:

Reglamentos autónomos:

Son aquellos que se dictan en el uso de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, sin referirse a la ley formal. No alteran las leyes legislativas, sino que la complementan mediante la sanción de normas generales, el cual tienen como fin poner en ejercicio en las facultades exclusivas del presidente para regular sus propios derechos y para regular los servicios administrativos. Revisten la característica de no poseer una ley previa para ser dictados y promulgados. De ahí, su denominación de autónomos o independientes. Los cuales son las instituciones autónomas tales como la Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Costarricense del Turismo, Instituto de Desarrollo Agrario, etc.

Reglamentos ejecutivos:

Son los que complementan o informan la forma de aplicación que tendrá determinada ley. En lo concerniente a los reglamentos ejecutivos, es necesario señalar que estos cumplen la función de aclarar, complementar y ejecutar las leyes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140, inciso 3 de la Constitución Política, siendo que la emisión de estas normas es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo (presidente y respectivo ministro de Gobierno). Sin embargo, existen entes públicos que, por delegación de funciones, se les concede también la potestad de emitir reglamentos a efectos de regular su organización y funcionamiento.

Reglamentos delegados:

Son dictados por la administración pública o por facultades que son conferidas por el congreso para que el Poder Ejecutivo pueda sancionar las normas que usualmente son de competencia del poder legislativo.

¿Para qué sirven esos reglamentos?

Sirven para dar ordenamiento jurídico a las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. Para regular actividades concretas, emitir sanciones y asegurar que las partes involucradas funcionen, para regular aspectos que no quedan precisos dentro de las leyes, establecer una convivencia sana, brindar igualdad o agilizar los servicios. Todo eso bajo las normas jurídicas que están por encima de ellas.

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